De ahí se desprende que junto con la educación, sea una de las más productivas y fructíferas de las inversiones sociales, catalizador ineludible de los resultados de gobiernos y base de la articulación del discurso político que pretenda impactar al ciudadano.
En este contexto cobra importancia resaltar que la información oficial más actualizada, correspondiente a 2016, señala que en los últimos 10 años, 14.4 millones de mexicanos se ubican en el rubro, definido por Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, como de “carencia por acceso a servicios de salud”.
La cifra no se empequeñece ante numeralia alguna de infraestructura pública: mil 400 hospitales, 90 mil camas censables, 23 mil unidades de atención ambulatoria y una masa de trabajadores de la salud, integrada por cerca de 300 mil enfermeras y más de 200 mil médicos.
La exclusión deja en claro que es insuficiente que diariamente, en promedio, más de un millón de mexicanos acudan a las instituciones públicas a recibir atención: consultas externas, 4 mil 400 nacimientos, 10 mil cirugías y 16 mil hospitalizaciones.
Hay pendientes que son evidentes, como el monto presupuestario destinado al sector salud.
Los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico invierten, en promedio, 6.6 por ciento de su Producto Interno Bruto. Japón, Alemania y Suecia destinan más del 9 por ciento, en comparación a México donde el gasto gubernamental en salud apenas alcanza 2.7 puntos del PIB, en una esforzada trayectoria de aumentos y recortes que año con año se da en su programación presupuestal.
Quizá por ello los logros “no alcancen”. El INEGI acaba de dar a conocer que disminuyó 9 por ciento la mortalidad infantil entre 2012 y 2016 y 43 por ciento la transmisión de VIH de madre a hijo al nacimiento, además del 21 por ciento en muertes maternas.
Esta última cifra de muertes maternas está lejos de la meta de 22 defunciones por cada 100 mil nacidos vivos propuesta para 2015, como parte de los Objetivos de Desarrollo del Milenio establecidos en el 2000, y que fueron pactados entre los 185 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas para alcanzar una mejor calidad de vida de la población.
LAS ESTRATEGIAS
Al presentar el Programa Sectorial de Salud 2013-2018, la entonces secretaria de Salud, Mercedes Juan López identificó tres factores que impiden dar plena vigencia al derecho a la protección de la salud establecido en el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
El primero se refiere al modelo de atención que viene de una trayectoria enfocada hacia lo curativo y no a la prevención, por lo que es necesario, dijo, fortalecer como eje las acciones de protección, de prevención de las enfermedades y de la promoción de la salud en un modelo de atención actualizado, homologado, resolutivo e integrador de todos los niveles de prestación de servicios.
El segundo factor, aseguró, se refiere a instrumentar políticas en salud con un enfoque multidisciplinario, interinstitucional y articulado en todos los órdenes de gobierno. Advirtió que para ello se debe asegurar una coordinación efectiva de las estrategias y acciones federales, estatales y locales que permita que la salud esté presente en los programas y políticas de otros sectores.
Finalmente la ahora ex titular de Salud hizo notar que en la rectoría y el arreglo financiero y organizacional vigentes, prevalece la desigualdad en los beneficios y la participación de instituciones verticalmente integradas y fragmentadas, lo que “a la postre atenta contra un México incluyente, impide una atención continua e integrada de las personas a lo largo del ciclo de vida y limita la capacidad operativa y la eficiencia del gasto en salud”.
Sin embargo precisó el objetivo: un Sistema Nacional de Salud Universal equitativo, integral, sustentable, efectivo y de calidad, con particular enfoque a los grupos de la población que viven en condición de vulnerabilidad, a través del fortalecimiento de la rectoría de la autoridad sanitaria y la intersectorialidad.
Y fue más allá al señalar la necesaria consolidación de la protección y promoción de la salud y prevención de enfermedades, así como la prestación de servicios plurales y articulados basados en la atención primaria; la generación y gestión de recursos adecuados; la evaluación y la investigación científica, fomentando la participación de la sociedad con corresponsabilidad.
LOS RESULTADOS
En un lustro se ha modificado la Ley General de Salud para dar paso al Sistema Nacional de Salud Universal que permite la interoperabilidad entre los diferentes sistemas en un proceso que avanza en forma lenta pero al parecer con rumbo.
En 2012 una de cada cinco personas no estaba cubierta por algún esquema de aseguramiento público en salud. En 2016, casi 86.6 por ciento de la población mexicana está protegida por alguna de estas instituciones, de acuerdo con datos de la reciente Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. Sin embargo hay que apuntar que está pendiente la depuración de registros duplicados.
En el V Informe de Gobierno se concluye que esta creciente afiliación se refleja en el aumento de la utilización de servicios públicos de salud. Por primera vez en el país se avanzó hacia la identificación única de la persona como columna vertebral para garantizar el intercambio de servicios y la continuidad de la atención médica, a través del establecimiento de un Padrón General de Salud. En el rubro de asegurados, al cierre de abril de 2017, se cargaron 117.4 millones de registros vigentes de las principales instituciones de salud públicas federales.
Aun cuando la cobertura de aseguramiento público ha aumentado considerablemente a través de los años, un tema de preocupación fundamental radica en el hecho de que el gasto de bolsillo no ha disminuido a los niveles esperados.
Esta situación es de hecho un caso de excepción en los países de la OCDE. De acuerdo con un estudio desarrollado por este organismo internacional, en el que se compara un indicador de cobertura pública de servicios (que incluye cobertura poblacional, beneficios cubiertos —el paquete garantizado— copagos y otras dimensiones que miden la protección que otorgan los programas de aseguramiento público) versus el gasto de bolsillo, México se ubica entre los países que proporcionan la mayor cobertura, pero el gasto de bolsillo es más del doble que el registrado en la mayoría de los países.
La explicación inmediata al alejamiento de la población del uso de los servicios de salud se antoja fácil: mal servicio, carencias, ineficiencias.
Tomemos por caso el acceso efectivo a medicamentos. La población que recibió todos los medicamentos prescritos en su unidad de salud, aumentó de 65 por ciento en 2012 a 69.2 por ciento en 2016, con base en datos de la ENSANUT 2016.
Sin embargo es evidente que tanto el porcentaje de población con aseguramiento público en salud, que usa servicios públicos de atención médica, como el nivel de surtimiento de recetas son temas de resolución inmdiata para la población. Si se está enfermo es urgente ser atendido y disponer del medicamento.
A partir de diciembre de 2015 inició la implementación del Certificado Electrónico de Nacimiento, el cual actualmente se expide en 25 hospitales de 20 entidades federativas. Desde su entrada en operación a junio de 2017, se emitieron 142 mil 546 certificados.
Ello permite fortalecer las acciones en salvaguarda de los derechos humanos, en particular el de la identidad, al ser registrados los niños de manera inmediata a su nacimiento. El Certificado interopera directamente con los Registros Civiles, y genera en línea el Acta de Nacimiento Electrónica, con lo cual se abate el subregistro de los sistemas.